La segunda parte
del verano ha tenido como protagonistas en España a los inmigrantes.
Prácticamente a diario la policía ha interceptado a grupos
de marroquíes o subsaharianos que llegaban a las costas andaluzas
en pequeñas barcas arriesgando la vida ( y en varios casos perdiéndola,
pues al menos tres personas han muerto ahogadas durante el mes de agosto)
en su intento por entrar en el país, con la esperanza de encontrar
una salida a su situación económica y a la de su familia.
En la mayoría
de los casos el viaje ha acabado en el hospital o en un barco de vuelta
al país de origen o, como en el caso de Barcelona, en la comisaría
o la cárcel después de haber sido golpeados por las fuerzas
de seguridad.
Sin duda los acontecimientos
ocurridos en Barcelona a mediados de agosto han sido la noticia más
triste del verano. Un numeroso grupo de inmigrantes sin papeles, que
desde el pasado mes de mayo dormían en la Plaza de Catalunya,
fue expulsado por la guardia urbana.
Durante varios
días deambularon por la ciudad buscando un nuevo lugar donde
dormir. Algunos fueron alojados por ONGs o sindicatos en sus locales,
pero la mayoría acabó concentrándose en otra plaza
barcelonesa, la de André Malraux. Al mismo tiempo se manifestaron
frente al Ayuntamineto para pedir una solución.
Ni el Ayuntamiento,
ni la Generalitat, ni el gobierno central quisieron hacerse cargo de
ellos (los políticos estaban de vacaciones y no se les podía
molestar), pero no dudaron en enviar a la policía nacional para
desalojarlos, esta vez a golpes, y detener a más de cien personas,
mientras que el resto eran recogidos por asociaciones humanitarias.
Estos colectivos han sido los únicos que han asumido las responsabilidades
de un gobierno que se gasta nuestros impuestos en forma de banquete
junto a la costa de Menorca o de regata por la de Mallorca.
A principios
de septiembre, con la vuelta de los ministros y presidentes a sus respectivos
despachos, el tema ya no era actualidad, de modo
que para nadie fue necesario dar explicaciones.